ENSAYO - POLÍTICA DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLICÍA Y REPRESIÓN

 

"UNA OPINIÓN POR UNA VIDA"

INTRODUCCIÓN

¿Es justi cable la violencia por querer manifestarse?, ¿Desde cuando una opinión te cuesta la vida?

El presente trabajo de información tiene como nalidad analizar la Política de gobierno en materia de policía y represión, todas manifestaciones que se realizaron en nuestro País, como disturbios por temas políticos que no les agradaron a los peruanos, pero que a respuesta de esto la policía tomaba medidas extremas que llevan a resultados fatídicos.

La nalidad que tenemos como equipo es poder informar tanto a los estudiantes de derecho como a todos los peruanos el papel de la policía ante una manifestación, el derecho a las manifestaciones sociales, el mecanismo para marchas pací cas y los Desafíos de la policía respecto a la represión policial.

El grupo N°03 tomo las debidas diligencias para presentar y acoplar toda la información, el trabajo fue asincrónico, estableciendo un día para la presentación de sus trabajos para poder dar por nalizado el proyecto nal, fue de gran ayuda que entre los miembros del equipo esté presente mucho la empatía y solidaridad entre todos para poder avanzar con un equipo. Por otro lado, también se nos presentaron di cultades para recolectar información que sea verídica para poder realizar un trabajo con un grado alto de autenticidad y validez.

La metodología que llevó a cabo nuestro grupo fue un análisis cualitativo, relatando en el informe en qué se comprende la Política de gobiernos en materia policial y represión, para esto utilizamos varios recursos como los medios audiovisuales, video grá co, revistas y libros.

La estructura del marco teórico se divide en 4 (cuatro) partes.

En la primera parte se brinda un concepto general sobre el deber de los policías antes un disturbio.

La segunda parte trata sobre el derecho a las manifestaciones sociales que tenemos.

La tercera parte trata sobre los mecanismos para marchas pací cas para evitar que haya alboroto.

Finalmente, sobre el desafío de la policía respecto a la represión policial.

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

I. De nición

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su nalidad fundamental.

II. Finalidad fundamental

La nalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

III. Funciones

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:

1. Mantener la seguridad y tranquilidad públicas para permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Política del Perú.

2. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de o cio; así como aplicar las sanciones que señale el Código Administrativo de Contravenciones de Policía.

3. Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales organizadas.

4. Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se encuentran en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, previniendo las infracciones penales y colaborando en la ejecución de las medidas socio-educativas correspondientes.

5. Investigar la desaparición de personas naturales.

6. Garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía pública y en las carreteras, asegurar el transporte automotor y ferroviario, investigar y denunciar los accidentes de tránsito, así como llevar los registros del parque automotor con nes policiales, en coordinación con la autoridad competente.

7. Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, uvial y lacustre en acciones de su competencia.

8. Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre control migratorio de nacionales y extranjeros.

9. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes de Estado en visita o cial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la República, Ministros de Estado,

así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el reglamento de la presente Ley.

10. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado

Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la O cina Nacional de Procesos

Electorales, en el ejercicio de sus funciones.

11. Participar en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, así como en el traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la ley.

12. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.

13. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con las entidades estatales correspondientes.

14. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico y social del país.

15. Ejercer la identi cación de las personas con nes policiales.

16. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución y las leyes.

IV. Ejercicio de la Función Policial

El ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación profesional y técnica. El profesional policial recibe una formación académica integral, permitiendo su desempeño profesional, desarrollo, cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la ética, el liderazgo y el servicio público.

V. Obligaciones

Son obligaciones del personal policial:

1. Respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores.

2. Sujetar su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, cumpliendo las órdenes de los superiores en el tiempo, lugar y modo indicado, salvo lo previsto en el inciso 2. del artículo 36 de la presente Ley.

3. Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, e ciencia y prontitud, así como ejercerlas con ética profesional.

4. Informar a toda persona en el momento de su detención respecto de sus derechos constitucionales y las razones de la privación de su libertad, tratándola con el debido respeto.

5. Comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida pública y privada, conservando incólume el prestigio institucional.

DERECHO A LAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Tienes derecho a reunirse pací camente sin armas según el Artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 2, inciso 12:

A reunirse pací camente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

Este inciso nos quiere decir que hay derecho a reunirse, pero en forma pací ca. No hay derecho a reunirse para nes violentos, pues las reuniones deben hacerse sin armas; ya que estas pueden ser concebidas como aquellos instrumentos destinados a atacar o defenderse, inferir o evitar un daño.

En un Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos se señaló que el término “reunión” abarca “manifestaciones, asambleas en el interior de locales, huelgas, procesiones, concentraciones, e incluso sentadas”. De esa manera, la protesta social es una forma legítima de ejercer el derecho de reunión reconocido no solo en nuestra normativa interna sino también internacional, siempre y cuando se realicé: pací camente, sin armas y no afecte otros derechos fundamentales dependiendo cada caso en concreto.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO

La protesta pací ca es un derecho. La detención sólo cabe cuando afectas el derecho de terceros, la propiedad privada o si realizas actos de violencia contra la autoridad.

Según la Constitución Política del Perú, el plazo máximo de detención es de el Ministerio Público deben de nir la situación política en el menor tiempo posible.

Los adolescentes mayores de 14 años solo pueden ser detenidos por la policía si cometen un delito agrante

(evidente).

El contenido constitucionalmente protegido del derecho de reunión está con gurado por una serie de elementos:

Subjetivo: el derecho de reunión se trata de un derecho individual, pero que se ejercita de manera colectiva, es decir, junto a un grupo de personas que voluntariamente se han unido para perseguir nes comunes.

Temporal: el ejercicio de este derecho fundamental no tiene vocación de permanencia, sino de temporalidad.

Finalista: la nalidad que se persigue debe ser lícita, para lo cual no solo el objetivo debe serlo, sino también los medios. Por ello, la Constitución prescribe que sea pací ca y sin armas, siendo estas dos condiciones fundamentales para la validez de las diferentes formas de ejercer el derecho de reunión.

Real o espacial: el derecho de reunión puede ser ejercido en locales privados, locales abiertos al público, así como plazas o vías públicas. Este elemento es de gran importancia para el ejercicio de este derecho fundamental, pues tal como señala el Tribunal Constitucional “muchas veces éste sólo puede alcanzar su propósito en atención a la proximidad física de los reunidos con aquellas personas o entidades destinatarios de las ideas, reclamos, pedidos, loas, etc.” No obstante, la elección del lugar podría ser limitada por razones objetivas y proporcionales.

E cacia inmediata: no se requiere autorización previa en ningún supuesto. En el caso que se realice en plazas y vías públicas, solo se requerirá el previo aviso.

MECANISMO PARA MARCHAS PACÍFICAS

El derecho a la protesta está amparado por la Constitución y normas, pero se deben evitar actos de violencia. Por ello deben desarrollarse pací camente sin agredir a terceros, el orden y la propiedad.

Algunos de los planes y mecanismos de acción de la policía Nacional frente a las marchas o manifestaciones sociales frente a la Pandemia que está atravesando nuestro País son:

1. La Policía Nacional del Perú garantiza el derecho a la protesta de los ciudadanos y hace un llamado a que las manifestaciones se realicen de forma pací ca y ordenada.

2. La PNP garantiza el desplazamiento de las personas salvaguardando la integridad de las mismas durante todo el horario permitido.

3. Los efectivos de la Policía Nacional priorizarán el diálogo con todos los ciudadanos a n de llevar a cabo las manifestaciones de forma ordenada, con respeto a la vida y al patrimonio nacional.

4. La policía sólo hará uso racional de la fuerza en casos estrictamente necesarios, con la nalidad de salvaguardar el orden interno y la seguridad pública. El accionar de la PNP está sujeto al Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial.

5. No se tolerarán acciones de violencia que atenten contra la integridad de los manifestantes, ni de los agentes policiales.

6. Finalmente, se le recomienda a toda la ciudadanía continuar portando las mascarillas, protectores faciales y todos los implementos sanitarios de bioseguridad necesarios, a n de evitar el contagio del covid-19.

Ante estos planes también tenemos el Derecho a ejercer la protesta social:

El Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 no es un impedimento para ejercer el derecho a la protesta social y la Policía no puede ampararse en dicha situación para impedir que la ciudadanías se mani este, advierte el abogado Carlos Rodríguez.

"El derecho a la protesta social es legítimo. Para no deslegitimar, hay que evitar caer en las provocaciones de azuzadores que se in ltran en las manifestaciones, para provocar el uso de la violencia y justi car el violento accionar policial. El manifestante debe mantener una conducta pací ca y evitar excesos que lo puedan llevar a una detención" (Rodríguez)

Por tanto, en el contexto de protestas sociales, el principio que rige es el de máxima restricción del uso de armas por ello planteamos una pregunta

¿Existen situaciones en las que esté permitido el uso de armas de fuego por los agentes del orden?

El uso de las armas de fuego, en general, es admitido por el derecho internacional de los derechos humanos cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida del agente de seguridad o de otra persona, y únicamente, cuando otras medidas han sido insu cientes y después de haber dado una alerta clara a la persona que se quiere neutralizar de que se va a disparar, la misma que tiene que haberse dado con un tiempo su ciente para que el atacante desista de su actitud peligrosa o de oponer resistencia a la autoridad.

Es decir, el derecho internacional admite el uso de armas, pero bajo una serie de supuestos previos que requieren que el agente de seguridad tome decisiones y evalúe la situación de peligro de modo individualizado. Ahora bien, en el contexto de protestas sociales, el principio que rige es el de máxima restricción del uso de armas, ya que técnicamente no es posible la aplicación de los supuestos descritos anteriormente que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para el uso de disparos indiscriminados en contra de protestantes, como han señalado los órganos internacionales de derechos humanos como la CIDH y órganos especializados de derechos humanos de las Naciones Unidas

(VÁSQUEZ)

DESAFÍO DE LA POLICÍA RESPECTO A LA REPRESIÓN POLICIAL

I. Manifestación social sobre el gobierno ilegitimo de Manuel Merino

Las protestas en Perú de 2020 fueron una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional desencadenados tras la declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral del presidente peruano Martín Vizcarra, que pusieron n al gobierno de Manuel Merino. Estas comenzaron el 9 de noviembre y duraron poco más de una semana.

Se registraron diversas protestas en varias ciudades del país, para mostrar la indignación de un sector de la población por la vacancia del presidente y rechazar la asunción al cargo presidencial por parte del presidente del congreso Manuel Merino, la cual fue considerada por algunas personalidades y juristas, como Mario Vargas Llosa, como un acto anticonstitucional, mientras que otros medios lo denominaron un golpe de estado encubierto. Por otro lado, el Tribunal Constitucional decidió no pronunciarse sobre la decisión del Congreso tras declararse improcedente la demanda por inconstitucionalidad por parte de Martín Vizcarra.

El 9 de noviembre comenzaron las represiones en Lima, el cual ocasionó que un joven de 24 años agrediera físicamente al ex congresista Ricardo Burga. No obstante, la represión de la policía fue muy severa para los manifestantes en la marcha que tuvieron que estar 3 días en la carceleta de la

Policía Nacional, lo cual ocasionó que muchos Congresistas intervinieran para su liberación;

No obstante el 10 de Noviembre se convocaron a manifestaciones en diferentes ciudades del país en rechazo al presidente Manuel Merino; las manifestaciones estaban lideradas por la “Generación del Bicentenario” que salieron a manifestarse bajo las consignas “Merino no me representa”, “ Merino no es mi presidente”. Los manifestantes fueron frenados por un contingente policial. Otro grupo se movilizó a la Plaza San Martín, la policía los contuvo usando gases lacrimógenos y procedió a realizar detenciones. Se registraron otros disturbios entre manifestantes y la policía en el Jirón de la Unión, mientras los primeros eran dispersados al intentar aproximarse en masa al Palacio de

Gobierno del Perú. Asimismo, la ex congresista Lizarraga a rmó que solo en Lima hubo al menos 16 detenidos. Sin embargo, a nivel nacional existieron 54 detenidos por la Policía Nacional del Perú. De los cuales, los coroneles a rmaron que los manifestantes estaban ocasionando disturbios y en contra de la paz en las calles.

El 11 de Noviembre, por medidas de distanciamiento social y de protesta pací ca, cientos de manifestantes, especialmente en algunos distritos de Lima y de las otras grandes ciudades del país, realizaron cacerolazos en sectores con edi cios de residencias multifamiliares y «bocinazos» por las calles en contra del nuevo gobierno de Manuel Merino. Se detectaron a miembros del Grupo Terna en las manifestaciones quienes habían detenido a algunos manifestantes en el Centro Histórico de Lima. Asimismo, en varias regiones del Perú los manifestantes fueron en total 84 reprimidos y a la vez se utilizaron las bombas lacrimógenas; no obstante, en el departamento de Madre de Dios, se registraron cuatro personas heridas por las bombas lacrimógenas dadas por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República rechazó citar al subcomandante General de la Policía Nacional del Perú a n de que declare por la realización de detenciones en medio de las protestas.

Consiguientemente, el 12 de noviembre se convocó a la primera marcha nacional, donde la presencia de miles de manifestantes a nivel nacional las fuerzas del orden comenzaron a disparar perdigones y balas de goma, también lanzaron bombas lacrimógenas. En Tacna, los manifestantes exigieron el cambio radical de la Constitución de corte neoliberal y manifestaron su rechazo hacía el gobierno de Manuel Merino. Debido a la gran cantidad de personas reunidas, a horas de la noche, la Policía Nacional del Perú lanzó de forma indiscriminada bombas lacrimógenas, balas de goma y perdigones, para dispersar a los manifestantes a la altura del cruce entre las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, en Lima. Se reportó que un agente in ltrado del grupo Terna realizó disparos al aire cuando era increpado por haberse in ltrado. El 13 de noviembre se registraron grandes movilización en la capital a fuera de la casa de Antero Flores-Aráoz y del presidente Manuel Merino que en horas de la noche se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en donde la policía tuvo que empujar y golpear con sus varas a los manifestantes.

Durante el 13 de noviembre algunos manifestantes en la Ciudad de Lima, fueron a marchar a distintos medios de comunicación que eran reconocidos en el país, algunos como América TV, Latina Televisión, ATV y Panamericana Televisión, algunos manifestantes llegaron a marchar en el frontis del canal Willax Televisión, tras algunos ataques por parte de algunos periodistas hacia los manifestantes.

No obstante, el 14 de noviembre se estableció la II marcha nacional, donde miles de manifestantes salieron a las calles y en esta manifestación ocurrió el primer fallecido por las protestas, un joven de 22 años identi cado como Jack Brian Pintado Sánchez, quien llegó sin vida al hospital Guillermo Almenara. Esa misma noche y tras este acontecimiento, varios miembros de la sociedad nacional y política empezaron a exigir la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia de la República. Por último el 15 de noviembre se con rmó una segunda muerte de Jordan Inti Sotelo Camargo de 24 años falleció por las violentas protestas realizadas en la Avenida Abancay, donde manifestantes lanzaban pirotecnia y piedras a los policías, mientras estos responden con bombas lacrimógenas y perdigones. Ese mismo día a las 12:00 p. m., el entonces Presidente Manuel Merino de Lama, renuncia irrevocablemente al cargo de presidente de la república, su renuncia es aceptada en la tarde por el Congreso.

II. Antamina, la tensión del momento

Pongámonos en contexto, la mina Antamina, principal productora de cobre y zinc de Perú, está parada. Sus trabajadores acusan a la empresa de usurpar sus territorios, y piden la presencia de autoridades y la mediación del presidente Pedro Castillo para levantar la huelga. La minera rechaza las acusaciones y a rma que los terrenos fueron compartidos a la comunidad de Aquia hace muchos años.

Desde el pasado domingo la mina peruana Antamina, el mayor yacimiento de cobre del Perú, suspendió sus operaciones debido a un paro campesino que bloquea una de sus rutas. Una acción que ha generado una gran tensión entre el gobierno, la mina y la comunidad campesina de Aquia, que sólo busca una puerta al diálogo para impedir la usurpación ilegal de sus tierras y el cumplimiento de la responsabilidad social por parte de la minera.

“Desde hace muchos meses estamos solicitando a Antamina que sincere documentos de uso de nuestras tierras. Ellos han tenido una licencia social hasta el año 2021, no es casualidad que todos los pueblos se están levantando”, explica Adam Damián, presidente de la comunidad campesina de Aquia.

“Actualmente ellos vienen elaborando la modi cación de su estudio de impacto ambiental, y estamos solicitando que nos consulten, que respeten nuestros derechos. La comunidad de Aquia lo único que está pidiendo son los documentos, en ningún momento les hemos pedido dinero ni proyectos ni nada”, prosigue.

La minera justi ca la suspensión de sus operaciones por el riesgo potencial de una deriva violenta de la protesta comunitaria en la que temen ataques a sus instalaciones. Un argumento que niega rotundamente Damián, quien además añade que la presidencia de Antamina trata de desestabilizar con esta confusión al gobierno de Castillo.

“Aquí está ocurriendo tránsito normal de todas las unidades, hemos hecho un paro especí co para Antamina. Nos están calumniando, sacando videos de acciones violentas que no son de nuestra jurisdicción”, insiste Damián.“Posiblemente estén buscando desestabilizar el país, hacerse las víctimas, pero no es así, ellos tienen que dar la cara”, concluye.

A esta medida de resistencia en Aquia se sumaron durante el transcurso de la semana los demás pueblos del corredor minero, donde en las últimas horas se registraron numerosos disturbios.

Antamina, localizada en la región de los Andes, produce 33% del cobre y 23% del zinc del país. Perú es el tercer productor mundial de cobre y zinc.

Luego de ello los miembros de la comunidad campesina del distrito de Aquia, en la provincia de Bolognesi, en Áncash, rmaron un acuerdo con un representante de la empresa minera Antamina para desbloquear la carretera Conococha que conecta con el concentraducto de minerales de dicha compañía.

Los comuneros, funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y el directivo de Antamina, Milton Alva, se reunieron en la Plaza de Toros en el distrito de Aquia para suscribir el acta en el que se rati ca la voluntad de instalar una mesa de diálogo el viernes 5 de noviembre, informó la PCM través del Twitter.

Además, se comprometieron a liberar desde hoy hasta el viernes los 50 kilómetros de la vía que estaba bloqueada con piedras, palos y montículos de tierra para permitir el tránsito de los vehículos de Antamina.En vísperas, una comisión del Ejecutivo, integrada por el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales, y la titular de Cultura, Guisela Ortiz, y los comuneros de Aquia acordaron una tregua para suspender la medida de protesta contra la empresa minera Antamina.

La compañía minera anunció el último domingo la paralización de sus operaciones en Áncash, debido al paro de comuneros en el distrito de Aquia que se inició el 24 de octubre para denunciar una presunta usurpación ilícita de terrenos, el incumplimiento de estudio de impacto ambiental y de su responsabilidad social, entre otros reclamos.

Ante ello, el presidente de Antamina, Víctor Gobitz, dijo que no tienen compromisos pendientes con la comunidad, sin embargo, se mostró predispuesto a dialogar, por lo que se espera el viernes su presencia en Aquia.

Análisis de la huelga en Antamina

Estos reclamos en contra de Antamina no son recientes se ha podido detallar que los pobladores presentaron un pliego de reclamos que no ha sido resuelto, el punto de su huelga es la denuncia por usurpación de terrenos perteneciente a la comunidad de Aquia. Los pobladores y dirigentes han empezado con las amenazas a la minera instándolos a que puedan retirarse de sus instalaciones, esta huelga se ha tornado violenta, entre ellos se puede reportar que se han tirado piedras a los vehículos donde se transportan los trabajadores de la mina, la quema de una cisterna, y han dañado las instalaciones de la minera. Al ver estas manifestaciones violentas no se puede promover el diálogo como punto de mediación. Los policías hacen todo lo posible para proteger a los trabajadores, pero con la respuesta de los pobladores, ellos no tienen más opción que protegerse y usar armamento. Se exige que el Estado pueda tomar las medidas necesarias para que sirva de mediador y pueda resolverse de la manera más pací ca posible. No se niega que los pobladores están en su derecho de ejercer su libertad de expresión, pero todo debe de estar dentro de parámetros para no dañar a ninguno de las partes.

III. Manifestación sobre agro sí; mina no

Desde el lunes 15 de julio los peruanos del sur del país han protestado por la instalación de un proyecto minero, que afectaría los cultivos y los recursos hídricos del Valle del Tambo.

Con el lema “Agro sí, mina no” los habitantes de la provincia de Islay han tomado las calles de sus localidades para protestar contra el proyecto de construcción de una mina de cobre, cercana al sureño Valle del Tambo.

En Mollendo, sector agrícola de la provincia de Islay, varios peruanos se concentraron el 17 de julio en las principales arterias del poblado para protestar contra la instalación del proyecto minero Tía María en Arequipa, región al sur peruano.

La mina de cobre, a ubicarse en el desierto de La Joya, ha provocado que toda la provincia se encuentre en un paro inde nido desde el pasado 15 de julio, en el que se niegan a la concreción del proyecto, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha instado a la comunidad a sumarse a la protesta, y mani estan en su cuenta en Twitter: “Tía María no va. El pueblo no ha otorgado licencia”.

Miles de peruanos han salido a las calles porque la licencia constructiva, otorgada por el gobierno sin el apoyo de la población, pondría en riesgo las aguas y los cultivos de la región: una de las consecuencias negativas de Tía María.

El proyecto se intenta concretar desde hace casi 10 años, y debido  a la situación de los recursos hídricos, la empresa a cargo a rma que construiría una planta desalinizadora para no afectar el agua en la zona.

Los manifestantes son la continuación de protestas con el mismo n, cuando se pretendía instalar la mina a comienzos de la actual década. Hubo entonces seis muertos y, ahora, el gobierno de Vizcarra ha enviado alrededor de 400 policías para controlar las marchas.

A la tensa situación del país andino se añade la paralización de las clases, debido a que el sector educacional también se ha hecho eco de las protestas de un proyecto que tiene un monto de mil 400 dólares para su construcción.

Miguel Arce, vocero de los agricultores del Valle del Tambo, a rma que la manifestación pací ca continuaría hasta tanto se cancele Tía María. Para ello exigen que llegue a la zona el presidente de Perú, Martín Vizcarra.

Si bien Elmer Cáceres Llica, gobernador de Arequipa le dio un plazo de 72 horas, a comienzos de semana al gobierno de Martín Vizcarra para cancelar la licencia otorgada, la situación en Perú -segundo productor de cobre en el mundo- continúa en crisis.

El proyecto pretende explotar dos yacimientos de cobre, cercanos al valle, y cuenta con el rechazo, también, de varios congresistas del Frente Amplio.

Uno de ellos, Humberto Morales, a rma la necesidad de respaldar el llamado de los agricultores, alcaldes y el gobierno regional porque “debe decretarse la nulidad de la licencia de construcción”. Los peruanos de la zona tienen en el Valle del Tambo su forma de vivir.

Actividades económicas: ¿De qué vive el Valle del Tambo?

El Valle del Tambo, amenazado por la instalación del megaproyecto Tía María, es un territorio de 13.000 hectáreas (ha), en las que se siembra papas y ajos en la temporada invernal.

En cambio, en la etapa de verano, se concentran en la siembra de arroz que abarca 8.000 del total de hectáreas del valle. Y ello estaría en riesgo, según mani estan los habitantes de la zona amenazada.

La papa y el ajo son los principales productos de la zona, y es que anualmente se siembran una media de 3 mil 500 hectáreas de ambas cosechas. Mientras, la agropecuaria, la pesca y la minera representan las actividades primarias de la región Arequipa.

El espacio restante está destinado a la producción de otros alimentos, como la alfalfa, y también a la ganadería, la cual se realiza principalmente en los distritos de Mejía, Mollendo y Punta de Bombón.

A nivel regional, el reporte del Banco Central de Reserva del Perú muestra que en el último cultivo transitorio –de agosto de 2018 a abril de 2019– se registró, mayormente, las siembras de arroz (20.201 ha), maíz chala (11.354 ha), cebolla (5.354 ha), papa (4.346 ha) y ajo (1.618 ha).

Estos tres últimos productos son también los que se producen “en una mayor dimensión en el Valle del Tambo”, según Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Tambo.

“En la zona también se enfocan en la siembra de trigo, zapallo, paprika, alcachofa y quinua, aunque en menor dimensión”, agregó Cornejo en entrevista al diario El Comercio, sin precisar cifras.

“Somos la zona de mayor producción de ajo en la región. En un segundo nivel se encuentra la papa, con la que también hacemos envíos, en algunas cantidades, a Bolivia”, detalla Jesús Cornejo.

Sin embargo, el envío de tubérculos es un caso aislado en el valle. Las agroexportaciones no se encuentran entre los planes de sus habitantes. Esta actividad no es considerada como una fuente de ingreso, debido a que no cumplen con las expectativas, añade.

La actividad agrícola del Valle del Tambo alcanza 50 mil habitantes, entre los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia. De ella viven sus pobladores.

Para los manifestantes, el proyecto de la mina de cobre pondría en riesgo las 13.000 hectáreas de cultivo en la zona, las cuales permiten la alimentación a cuatro millones de peruanos. La construcción de la zona no es negociable para los habitantes de la región.

CONCLUSIÓN

Llegamos a la conclusión de que a pesar de que la policía tiene que prevalecer la armonía entre los ciudadanos, sus métodos son un tanto peligrosos que llevan a consecuencias fatales, ahí nos preguntamos si realmente tenemos derecho a ser parte de una manifestación social.

Tras una de las manifestaciones más recientes tras la declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral del presidente peruano Martín Vizcarra, en muchas ciudades se mostró la disconformidad y a causa de estas marchas muchos resultaron heridos por las bombas lacrimógenas e incluso disparos.

Si bien es cierto que la policía está encargada de la armonía entre ciudadanos, al recurrir a estos extremos se ocasiona todo lo contrario y una indignación general, por lo cual damos por hecho que estos métodos deben de dejar de usarse en situaciones que no lo ameriten. 

ANEXOS

Anexo 1:

Civiles fallecidos por acción policial en protestas durante el gobierno de PPK/ VIZCARRA ● Todos fallecieron por armas de fuego.

 

Anexo 2:

AGRESIONES POLICIALES A PERIODISTAS DURANTE MANIFESTACIONES (2017- 2018)

Fuente: O cina de Derechos del Periodista- Asociación Nacional de Periodistas.

REPORTE N°- 001-2017/Enero-OFIP-PERU

Periodista: Marco Antonio Ramón Huaroto, fotógrafo del diario Perú 21.

Ocurrencia: El fotógrafo Marco Antonio Ramón Huaroto (Atoq) resultó herido tras cubrir el enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y un grupo de pobladores que protestaban contra una garita de peaje instalada en el distrito de Puente Piedra. El comunicador recibió 4 disparos de perdigón en la frente, muñeca, dedo y en el rostro, cerca del ojo izquierdo.

Tipo de violación: Agresión física

Lugar: Lima

Fecha: 05 de enero del 2017

REPORTE N°- 003-2017/Enero-OFIP-PERU

Periodistas: El fotoperiodista Hernán Hernández Kcomt del diario La República, y la reportera Karina Aliaga Neyra de ATV + Noticias.

Ocurrencia: Los comunicadores Hernán Hernández Kcomt y Karina Aliaga Neyra, ambos de diferentes medios, resultaron heridos tras ser impactados por perdigones en diferentes partes del cuerpo. Esto ocurrió mientras daban cobertura a la protesta que mantenía un grupo de pobladores contra el cobro de peaje en una de las vías de mayor tránsito al norte de Lima.

Tipo de violación: Agresión física

Lugar: Lima

Fecha: 12 de enero del 2017

REPORTE N°- 053-2017/Diciembre-OFIP-PERU

Periodistas: Jesús Saavedra Heredia, camarógrafo de TV Perú

Ocurrencia: El periodista Jesús Saavedra Heredia, camarógrafo de TV Perú fue víctima de una agresión por parte de un efectivo policial durante la cobertura de la movilización ciudadana contra el indulto al presidente Alberto Fujimori Fujimori.

Tipo de violación: Agresión física y verbal

Lugar: Lima